Redacción Youtopía
22 actores forman parte de la denominada Red de Aliados Estratégicos por la Nueva Infancia. Esta es una iniciativa de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.
La titular de la Secretaría, María José Pinto, señaló que el objetivo de esta Red es fortalecer la política pública en la prevención de la desnutrición crónica infantil, a través de cuatro ejes.
Uno es la equidad para priorizar necesidades de los más vulnerables; otro, la inversión para la primera infancia, como motor de desarrollo sostenible del país.
Además, la corresponsabilidad para promover el cambio de comportamiento para la prevención; y, en cuarto lugar, la institucionalización de la política pública.
En Ecuador, 1 de cada 5 niños y niñas menores de 2 años sufren de desnutrición crónica infantil (DCI) afectando el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de la primera infancia.
Actores de la Red de Aliados Estratégicos por la Nueva Infancia
Entre los aliados constan la Primera Dama, Lavinia Valbonesi. Además, participan los ministerios de Cultura y Patrimonio, Planificación, Inclusión Económica y Social, Salud, Educación, y Agricultura y Ganadería.
Son parte también organismos internacionales, como CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Programa Mundial de Alimentos (PMA).
De la Sociedad Civil intervienen el Consejo Consultivo, la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, la Fundación de Vigilantes Comunitarios, entre otros actores.
USD 342 millones presupuestados para la DCI
Una de las prioridades del Gobierno es la lucha contra la DCI, por ello invierte en esta causa USD 342 millones, señaló María José Pinto.
El propósito es garantizar la atención en salud, desarrollo social a niñas y niños menores de dos años y mujeres embarazadas.
“La actual estrategia está orientada en la prevención y reducción de la DCI, que es una política pública intersectorial, que demanda la participación activa de toda la sociedad ecuatoriana”.
Esta problemática multicausal representa un costo elevado para la economía del país, impactando en 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, USD 3.000 millones anuales.
