Por Karina Barrera (O)
Centro de Pensamiento del Futuro
Ex Subsecretaria de Cambio Climático del Ecuador
Los resultados del balance global del cumplimiento de los compromisos climáticos del mundo, discutidos en las negociaciones de la COP28 de Dubái de diciembre del 2023, reconocen que limitar el calentamiento global a 1.5ºC requiere acciones profundas, rápidas y sostenidas; que generen reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), de un 43% para el 2030, y 60% para el 2035, respecto al 2019, y alcanzar la carbono neutralidad al 2050.
En un escenario promedio, la financiación anual necesaria para gestionar la mitigación y adaptación al cambio climático hasta 2030, aumentará de forma constante de 8,1 a 9 billones de dólares y, posteriormente, las necesidades estimadas se dispararán a más de 10 billones de dólares anuales, de 2031 a 2050[1]. En este contexto, el desarrollo de proyectos que generen nuevas remociones y reducciones de emisiones de GEI y los mecanismos de financiamiento climático, incluyendo los mercados de carbono, juegan un rol clave en este proceso.
Los mercados de carbono
Los mercados de carbono nacen en 1997 a través del Protocolo de Kyoto, con el objetivo de que los países desarrollados alcancen sus metas de reducción de emisiones de manera costo-efectiva. Este es el denominado mercado regulado o de cumplimiento, que promovió tres mecanismos financieros:
- El Comercio Internacional de Emisiones (CIE) que limita la cantidad de emisiones que se puede generar desde las industrias con mayor intensidad de emisión de GEI y permite la venta de derechos de emisión entre empresas. La Unión Europea fue el primer implementador de este sistema y hasta finales del 2023 operan 28 sistemas de comercio de emisiones en el mundo, que cubre aproximadamente el 17% de las emisiones globales, movilizando aproximadamente 63.000 millones de dólares en el 2022 (ICAP, 2023).
- El mecanismo de Implementación Conjunta (IC) que promueve los enfoques cooperativos para utilizar las reducciones de emisiones que se generen de la inversión en otros países industrializados.
- El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) mediante el cual los países desarrollados se comprometieron a reducir o limitar sus emisiones y debían ejecutar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo a cambio de créditos de Reducción Certificada de Emisiones (RCE). Aunque inicialmente la iniciativa tuvo éxito respecto del número de proyectos y RCE desarrolladas, alcanzando precios de € 23.10 / tCO2e durante 2008, en el 2017 estos precios decayeron por debajo de € 0.4 / tCO2e[2]. Esto desalentó el uso del mecanismo, considerando también una baja demanda de los países con compromisos de reducción de emisiones. En el caso del Ecuador se desarrollaron aproximadamente 33 proyectos MDL para proyectos de energía y residuos[3], pero muy pocos de ellos tuvieron Reducción Certificada de Emisiones (RCE) que pudieron ser efectivamente comercializadas, especialmente por su costo-beneficio.
La adopción del Acuerdo de París en 2015 impulsó compromisos de reducción de emisiones para todos los países, a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), en el marco de sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, y abrió la agenda climática a actores no estatales.
En este contexto cobra vida el mercado voluntario de carbono, cuya demanda proviene de entidades, públicas, privadas, gobiernos o empresas que quieren compensar sus emisiones o ‘neutralizar’ su huella de carbono de forma voluntaria. O también porque es una alternativa al cumplimiento de compromisos relacionados a la fijación de un sistema de precios o impuestos al carbono.
Mercado voluntario de carbono
El mercado voluntario de carbono utiliza como unidad de transacción los créditos de carbono, que representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida o removida de la atmósfera, calculadas mediante metodologías establecidas en estándares de carbono y que han sido verificadas por Organismos Evaluadores de la Conformidad.
A nivel mundial, durante el 2022 se movilizaron aproximadamente 2 billones de dólares en el mercado voluntario y el precio promedio alcanzó 7,37 USD/ Ton CO2eq[4].
De acuerdo al Green House Market Report del 2023 emitido por IETA, los precios de los créditos basados en la naturaleza se desplomaron por debajo de 1 dólar en 2023, frente a los más de 10 dólares de la segunda mitad de 2022. Y los proyectos REDD+ fueron criticados por la integridad de su información[5], lo que hace evidente la relación que existe entre la demanda y los precios del mercado, con respecto a la calidad e integridad de los créditos de carbono.
El mercado voluntario de carbono presenta oportunidades de movilización de financiamiento climático que deben ser analizadas con pragmatismo y sustento técnico. No obstante, deja también varias lecciones aprendidas respecto de la aplicación de mecanismos de transparencia en la distribución de beneficios y también de salvaguardas ambientales y sociales, especialmente a la hora de involucrar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales.
En el año 2023, la Justicia Colombiana suspendió un proyecto REDD+ impulsado en territorios indígenas del Gran Resguardo del Cumbal en la frontera con Ecuador por omitir a la comunidad en el proyecto y en la distribución de beneficios, sentando un precedente legal en el mercado voluntario de carbono, y sobre la necesidad de mejorar las regulaciones del estado sobre este tipo de proyectos[6].
Ecuador y los mecanismos financieros de carbono
En el contexto nacional, Ecuador ha venido trabajando en mecanismos financieros de carbono respetando el marco constitucional que garantiza los derechos de la naturaleza y establece, en su artículo 74, la prohibición de apropiación de los servicios ambientales y la obligatoria regulación del estado sobre el uso, aprovechamiento y beneficio de estos servicios.
Es así que desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) se ha impulsado la primera Norma Técnica de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (AM-2023-053), emitida en julio del 2023, como complemento al Programa Ecuador Carbono 0.
Este programa establece las regulaciones sobre la transparencia, integridad, salvaguardas ambientales y sociales, que deben contemplarse a la hora de desarrollar proyectos de compensación de carbono en el territorio nacional ecuatoriano y que permite que tanto empresas nacionales como internacionales puedan compensar su huella de carbono en el país.
Por otro lado, desde la Asamblea Nacional, se está proponiendo reformas al Código Orgánico del Ambiente, que tiene ya un cronograma para tratar el informe de segundo debate. Allí se pretende establecer regulaciones y nuevas competencias sectoriales sobre los servicios ambientales y, en particular, sobre el mercado voluntario de carbono. Esta reforma debe ser analizada con una visión técnica y respaldada con estudios y con un debate que incluya a los pueblos indígenas, sector público y privado.
Se debe revisar los avances que ha desarrollado el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en ese sentido, y es clave que las reformas beneficien a todos los ecuatorianos, considerando que regular los servicios ambientales es regular la riqueza del país, y es tan importante como regular el petróleo o la minería. Y que una regulación incorrecta puede hacerle perder al país una única oportunidad de ser un referente en la región en integridad y atraer inversiones para la lucha contra el cambio climático, y para mejorar la calidad de vida de la gente.
[1] Buchner, B., Naran, B., Padmanabhi, R. (2023). Global Landscape of Climate Finance 2023, Policy Initative, página 3.
[2] Lino, K. y Marmolejo, C. (2019). Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y bonos verdes como movilizadores financieros ¿Una oportunidad para las inversiones alineadas al clima en Latinoamérica? En XIII CTV 2019 Proceedings: XIII International Conference on Virtual City and Territory: “Challenges and paradigms of the contemporary city”: UPC, Barcelona, October 2-4, 2019.Barcelona:CPSV,2019,p.8543.E-ISSN2604-6512.DOI http://dx.doi.org/10.5821/ctv.8543
[3] Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2023.
[4] Ecosystem Marketplace insights report Paying For Quality, State of the Voluntary Carbon Markets 2023, noviembre 2023.
[5] IETA (2023). GHG Market Report, https://ieta.b-cdn.net/wp content/uploads/2023/12/IETA_GHGMarketReport_2023.pdf
[6] Bermúdez (2023). El País, un juez suspende el proyecto de carbono hecho a espaldas de la comunidad. https://elpais.com/america-colombia/2023-09-19/un-juez-suspende-el-proyecto-de-carbono-en-colombia-hecho-de-espaldas-a-la-comunidad.html
