Por Luis Hernán Sayavedra para Youtopía Ecuador
Dos guaguas, menores de 10 años, corretean dentro de una pequeña laguna café-clara, de un metro y medio de profundidad. Esta es una de las tantas que yacen entre los montículos de piedras y sedimentos con alturas que alcanzan los tres metros. A lo lejos, una topadora inmóvil y con signos de oxidación yace entre la sombra de los pocos árboles que aún quedan en pie a su alrededor.
Es un mediodía de los últimos días de abril en Napo, provincia del nordeste de la Amazonía ecuatoriana. Luego de una lluvia intensa, característica de esta temporada del año, un sol radiante calienta la tierra aún húmeda y un fuerte olor metálico se respira en el ambiente.
Al lado de los guaguas, un hombre de unos 40 años, con botas y una camiseta atada a su cabeza, despliega sus brazos y lanza la red que se abre apenas roza el agua. La recoge al instante con sedimentos en su interior y la descarga a un costado de la pequeña laguna. Dos mujeres separan el material extraído con sus manos y lo mueven de un lado a otro. Están buscando algún resto de oro por medio del bateo artesanal, la técnica tradicional utilizada por los pobladores de la zona.
La escena de la familia transcurre en una de las lagunas abandonadas a orillas del río Jatunyacu, en la comunidad de Yutzupino, en Napo. En ese lugar las miradas de desconfianza y de temor son el factor común. La población prefiere observar a otro lado, sobre todo por lo ocurrido un año atrás, cuando sus angostas calles de tierra y polvo se inundaron de flashes, cámaras y periodistas que llegaron a cubrir el despliegue de más de 1.600 uniformados.
Fue el ‘Operativo Manatí’. Una respuesta del Gobierno del presidente Guillermo Lasso frente al reclamo de colectivos sociales y comunidades indígenas ante la minería ilegal. Las notas periodísticas, de ese entonces, informaban: “La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desalojan a mineros ilegales en la comunidad de Yutzupino. El operativo se realizó a la 01:00 del domingo 13 de febrero de 2022”.
De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador (Maate), “en el sector de Yutzupino, donde se ejecutó el operativo Manatí, actualmente se ha frenado la minería ilegal”. En tanto, detallaron que, “a partir de la inspección de 26 concesiones mineras, solicitaron 11 suspensiones de actividades mineras y la realización de 17 planes de acción ambiental, de los cuales nueve ya han sido aprobados”.
La postura oficial difiere de los datos publicados por el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) y la Fundación Ecociencia, que en su informe de marzo del 2023 muestra que la actividad minera se incrementó en la zona.
“En el análisis satelital actualizado (hasta diciembre 2022) sobre la situación en Yutzupino, encontramos que la superficie afectada por actividades mineras aumentó un 78,6% respecto al valor reportado para inicios del año 2022. La minería ha crecido hacia la zona adyacente de Naranjalito, en la orilla opuesta del río Jatunyacu”, indica el estudio.
La realidad: la extracción minera se trasladó a pocos kilómetros.
La situación de los afectados
Al lado de Yutzupino, en dirección a la parroquia de Puerto Napo, se encuentra la comunidad El Ceibo. Desde hace un año, sus integrantes comenzaron un proyecto de turismo comunitario y sostenible: “Asociación Iluku Zamora Samuna Búho Ceibo”. Esto, para proteger al territorio frente a la destrucción de la minería, tal como lo indica Jenkler, uno de los representantes de dicha comunidad.
Desde el mirador El Ceibo, en referencia al árbol que crece desde hace casi 300 años en medio de la vegetación, se ve la confluencia de los ríos Anzu y Jatunyaku que, juntos, alimentan al río Napo. Al girar la mirada hacia el costado derecho, se observa el impacto de la deforestación minera: una mancha, entre gris y marrón, se funde en medio de la tupida vegetación.
A raíz del desvío de los cauces naturales del río y la deforestación con retro excavadoras, las familias de la comunidad perdieron gran parte de su agricultura. El río se llevó plantas de yuca, cacao y banano. “El agua arrasó con todo lo que teníamos allí sembrado”, afirma Jenkler. Por eso, “estamos en constante lucha, a pesar de que hubo amenazas para que vendamos los terrenos”, sostiene y denuncia que el Plan Ambiental de Reforestación y Remediación “no ha avanzado en absoluto”.
Su testimonio se complementa con los estudios científicos del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua, de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, que han demostrado el grave impacto ambiental del proceso de extracción de oro en Napo.
Así lo detalla la ingeniera química Marcela Cabrera: “Se realizaron desvíos de cauces para captar el agua y procesar el material, y se deforestaron áreas sin control”.
Uno de los hallazgos más importantes, según la científica de IKIAM, es que después de la extracción y el procesamiento del oro, los residuos, que contienen metales tóxicos como plomo, arsénico, manganeso y mercurio, “eran vertidos directamente en el río o almacenados en lagunas de relaves que quedan abandonadas”.
“Unos locos verdes”
En febrero de 2020, un mes antes del inicio de la pandemia por el covid-19, el rumor sobre el desembarco de un mega proyecto minero llegó al Tena. Con el correr de los días, se materializó: se pretendía entregar a la empresa china Terraearth Resources S.A, cuatro concesiones de 7.125 hectáreas, dentro de las cuales se encontraba parte de esta ciudad.
“Cuando comenzamos a investigar, vimos que esta empresa operaba desde el 2015 en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola (al sur de Tena), donde afectó todas las cuencas hídricas. Las autoridades locales nos estaban ocultando ese daño ambiental”, cuenta José “Pepe” Moreno, coordinador de varios colectivos sociales y ambientales, entre los que se encuentran ‘Napo Resiste’ y ‘Napo Ama la Vida’. Moreno fue uno de los integrantes del grupo fundacional que dio los primeros pasos organizativos para frenar el mega proyecto minero en Tena.
El 2 de febrero de 2020, sin haber sido convocados, él y varios ciudadanos asistieron a una socialización que el Maate y la empresa china iban a realizar en la comunidad de Yutzupino. Tampoco habían sido invitados los presidentes y autoridades de las comunidades. Se logró que la reunión se suspendiera y se obtuvo una copia del estudio ambiental sobre el proyecto minero.
“Era un análisis que nada tenía que ver con nuestro territorio. Carecía de legitimidad”, expresa Moreno, quien también es miembro del Consejo de Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Napo.
Al visualizar un entramado de intereses y complicidades, convocaron a la ciudadanía a una asamblea para debatir sobre el proyecto minero.
En esa reunión, las organizaciones se dividieron en tres mesas: jurídica, técnica y comunicación. El encuentro dio paso al primer manifiesto ‘A favor del agua, la vida y la naturaleza’.
El tratado exigía “la suspensión inmediata de todo proceso minero en nuestro territorio, que pone en riesgo al ecosistema, a los pueblos, nacionalidades y las cuencas hídricas”. De forma paralela, entregaron una serie de observaciones al estudio ambiental presentado por la empresa minera, detallando sus irregularidades y falta de sustento: así se frenó la concesión.
“Apenas comenzamos nuestra lucha, nos decían que éramos unos ‘locos verdes ambientalistas’, que lo único que queríamos era propaganda política para convertirnos en autoridades. Ya les íbamos a demostrar que no era así”, afirma Moreno y levanta sus cejas en un gesto de revancha colectiva a las críticas recibidas.
La lucha en las calles
Lunes 1 de mayo de 2023, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Hubo movilizaciones, actos y jornadas de lucha en diferentes ciudades del Ecuador y del mundo. Tena no fue la excepción. De a poco, la marcha se nutrió de trabajadores del Municipio, sindicalistas de la Salud, ambientalistas, feministas, docentes, vecinos y estudiantes.
En la columna de los colectivos, dos jóvenes llevaban una pancarta: “Napo ama la vida. No minería”, mientras un niño tocaba un bombo. José “Pepe” Moreno se movía alrededor del grupo y buscaba el mejor plano para registrar con su celular.
“Ninguna lucha social tiene sentido si no hay justicia ambiental. Tenemos que alzar y unir en una sola voz el reclamo para exigir condiciones dignas en el ámbito laboral, en la salud, en la seguridad, pero también en lo ambiental”, reflexionó Andrés Rojas, abogado y Defensor del Pueblo de Napo, en el cierre del acto.
A lo largo de la marcha, el reclamo con mayor vehemencia estuvo alrededor del incumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial de Napo. En abril de 2022, este organismo reconoció una vulneración de los Derechos de la Naturaleza (artículos 10 y 71 de la Constitución) y, al determinar la responsabilidad del Estado en la contaminación de los ríos, obligó al Gobierno central a realizar una remediación ambiental en las más de 1.400 hectáreas afectadas por la minería en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola.
“Esta cartera de Estado, en relación a la sentencia emitida por la Corte Provincial de Napo, sí ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Sr. Juez” fue la respuesta del Maate a este medio y detallaron que “el programa de restauración ya se encuentra elaborado, y se está gestionando el recurso económico para su ejecución”.
Ante la falta de avances concretos en el cumplimiento de la sentencia, la Corte provincial de Napo definió, en la audiencia del pasado 27 de marzo de 2023, el traslado de la resolución hacia la Corte Nacional.
“En las diferentes instancias, los jueces han fallado a nuestro favor, hemos demostrado cómo han afectado nuestro territorio y contaminado nuestros ríos. Sin embargo, las sentencias no se ejecutan. A los funcionarios y empresarios les conviene que exista minería ilegal, los costos de la remediación y reparación serían casi equivalentes a sus ganancias”, afirma Sandra Rueda, presidenta del Consejo Nacional de Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza del Ecuador, quien es la representante legal de esta causa.
“En Napo toda la minería es ilegal porque antes de entregar una concesión, el Gobierno debería haber realizado la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas (artículo 57 numeral 7 de la Constitución), y las empresas tampoco han tramitado las licencias ambientales y los permisos de no afectación a la cuenca hídrica”, completa Moreno.
Ante esta grave denuncia, el Maate expone que, “de las 50 concesiones mineras inscritas en la provincia del Napo, 7 de ellas han obtenido un registro ambiental; 9 poseen la licencia ambiental, mientras que 20 concesiones se encuentran en proceso de regularización ambiental y 14 aún no han iniciado dicho proceso”.
La lucha en distintos terrenos
De forma simultánea a la batalla judicial, los colectivos sociales encontraron un contundente respaldo político a sus denuncias: el pasado 11 de abril, la Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría el informe de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en Yutzupino, donde se le exige al presidente Lasso, entre otras medidas, “mayor presupuesto y capacidad de ejecución”.
Por intermedio de sus diferentes estrategias de lucha, los colectivos sociales y las organizaciones representantes de comunidades indígenas lograron que la problemática de la extracción minera sin control forme parte de la agenda nacional. “Es una forma de decirle a otras provincias del Ecuador que con organización se puede generar incidencia, para encontrar una solución al saqueo y a la contaminación”, asegura Moreno.
¿Es factible, en la actualidad, un modelo de minería responsable? “Si el Estado tiene interés en sus recursos estratégicos y en la calidad de vida de la gente, debería ser inteligente en buscar un proyecto que sea viable, sustentable y amigable con el medioambiente”, responde Moreno.
Y, entonces, ¿qué está en juego? “Los mejores suelos para la agricultura se encuentran a la orilla de los ríos y eso se está concesionado sin control, por lo que tendremos un problema muy serio de seguridad alimentaria. La Amazonía es un lugar donde se desarrolla la vida, donde la cultura de los pueblos milenarios ha hecho posible su conservación”.
¿Qué sucederá si no detenemos su destrucción? El impacto en la Amazonía va a ser irreversible, con un territorio contaminado y pobre, concluye Moreno. Y, si no la cuidamos, Ecuador definitivamente se quedará sin agua.
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