Por Isabel Alarcón
Cuando llega la temporada de invierno y el río Dulcepamba aumenta su caudal, Polo Jiménez reza para que las aguas no lleguen a su casa. Antes de dormir, deja junto a su puerta una linterna, una muda de ropa y sus documentos de identificación, por si tiene que salir corriendo durante la noche.
Jiménez nunca imaginó una rutina así hace 30 años, cuando se instaló en esta parte del centro de Ecuador. Este hombre de 55 años vive en San Pablo de Amalí, una comunidad de 480 personas en la provincia de Bolívar. Aquí, en esta zona cercana a los Andes, el agua está por todos lados. Y así como es una bendición, también se ha convertido en una gran preocupación.
“Cuando construí, [mi casa] estaba a 300 metros del río, ahora como ves, no hay ni 15”, dice este señor que culpa a la hidroeléctrica de San José del Tambo por gran parte de sus miedos.
Todo empezó cuando en 2005 el ahora Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador (Maate) otorgó la licencia ambiental a la empresa eléctrica Hidrotambo para construir esta central, a 7 km de San Pablo de Amalí, en San José del Tambo. La planta entró en funcionamiento en 2016, con una capacidad instalada de 8 megavatios (MW).
Desde que comenzaron las obras del proyecto, algunos pobladores que viven cerca del río Dulcepamba han denunciado los desvíos de su cauce. Afirman que los cambios en el río han provocado inundaciones mortales y pérdidas económicas que afectaron a 140 comunidades.
Proliferación y parálisis de las hidroeléctricas
Las hidroeléctricas son responsables de más del 80% de la generación eléctrica en Ecuador y solo la Amazonía ecuatoriana concentra el 18% de las hidroeléctricas activas en la selva de América del Sur. Allí se ubica Coca Codo Sinclair, la central más grande del país, que ha sido relacionada con la desaparición de la cascada San Rafael.
La central de Hidrotambo en San José del Tambo produce energía hidroeléctrica a filo de agua, es decir, utiliza la energía natural del Dulcepamba para mover sus turbinas, en lugar de una presa. En general, se considera que este tipo de centrales son más respetuosas con el medioambiente que las presas y embalses, que comprometen la ecología del río y aumentan el riesgo de inundaciones.
No obstante, la central desvía parcialmente el río Dulcepamba, acercándolo a las viviendas y provocando un riesgo de inundaciones cuando sus niveles son altos. La ley ecuatoriana no contempla que se niegue una autorización ambiental. Los proyectos pueden presentar sus estudios las veces que sean necesarias hasta recibir la aprobación del Ministerio.
Otro de los casos más conocidos sobre irregularidades en torno a hidroeléctricas en el país es el de Toachi Pilatón. Este fue incluso considerado un «elefante blanco», por el mal uso de recursos públicos, y fue el primer caso de sobornos relacionado a un ex funcionario del gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017). Además, ha estado envuelta en una serie de polémicas y retrasos. La obra se adjudicó por primera vez en 2007 y hasta ahora no funciona al 100%.
En el caso del proyecto hidroeléctrico Piatúa, de 30 MW, en la provincia oriental de Pastaza, el Maate de Ecuador le concedió una licencia ambiental en 2014, pero en 2019 el tribunal provincial de Pastaza había paralizado la construcción. La sentencia exigía un informe de impacto ambiental más exhaustivo, y desde entonces el caso ha sido retomado por la Corte Constitucional de Ecuador.
Grandes cambios en el Dulcepamba
En el estudio de impacto ambiental de Hidrotambo para la central hidroeléctrica de San José del Tambo, realizado en 2005, se afirma que la incidencia de aluviones es baja y que “los fenómenos de inundación en el área del proyecto han sido mínimos”.
Casi veinte años después del estudio y luego del inicio de las obras de la hidroeléctrica, los desbordamientos ocurren regularmente, y ahora el gerente de Hidrotambo, Franklin Pico, afirma que “es una zona de alto riesgo”.
La propia casa de Polo Jiménez quedó a orillas del Dulcepamba en 2015, cuando ocurrió el aluvión más fuerte de su historia. Tres personas murieron y el río se llevó doce viviendas, animales y cultivos.
“Antes [de la hidroeléctrica], [el río] máximo se llevaba unas dos matas de cacao, pero nunca se había salido del cauce”, recuerda Filadelfo Borja, de 55 años. Todos sus cultivos quedaron bajo escombros y su familia se marchó de la comunidad.
Un año antes de la tragedia, en 2014, Manuel Trujillo, otro vecino de Jiménez, presentó una acción de protección ante la Corte de Justicia de Bolívar, alegando que el cauce fue desviado hacia su predio. Le negaron la medida. Su casa y la de su hijo también se las llevó el río.
Tras el evento, un informe de inspección al proyecto hidroeléctrico San José del Tambo, de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), recomendaba que la empresa construya un muro de protección del talud izquierdo del río, frente a San Pablo de Amalí, “pues la próxima crecida del río podría afectar gravemente a la población”.
Hasta la actualidad el muro de protección no se ha realizado y eventos similares se repitieron en 2017, 2019 y 2023. Durante las inundaciones de este año, la única carretera de acceso a la zona quedó destruida, y los miembros de la comunidad local dijeron a Diálogo Chino que se necesitaron helicópteros para llevar suministros.
Mientras tanto, los lugareños, entre ellos Carmen Guanulema, residente de San Pablo de Amalí, han notado un reciente descenso en el número de peces del Dulcepamba: “Han desaparecido, ya no se pesca como antes”.
Un estudio de 2021 sobre las poblaciones de peces de agua dulce de Ecuador descubrió que muchas especies autóctonas están amenazadas. Entre otros factores, por la alteración física de los ríos, así como por las centrales hidroeléctricas.
Las presas que desvían grandes cantidades de agua, como la de Hidrotambo, pueden alterar drásticamente el hábitat de los peces. Sin embargo, a pesar de las quejas de la población, hasta la fecha no se han realizado estudios sobre los peces de esta zona.
Acusaciones de manipulación fluvial
Cerca al punto donde desaparecieron las casas, y a la entrada al área de captación de la hidroeléctrica, Diálogo Chino observó que se levanta un muro de piedras. Los pobladores de San Pablo de Amalí afirman que fue realizado por Hidrotambo.
En verano, cuando el caudal es menor, es una barrera para que el agua fluya hacia la hidroeléctrica. Y en invierno, cuando hay mayor caudal, dicen, la empresa retira las piedras y el agua va con más fuerza hacia la comunidad.
Franklin Pico dijo a Diálogo Chino que este muro se formó debido “a las fuertes crecidas del río y a todo el material que acarrea desde las zonas altas de la montaña”. Añade que nunca han desviado el cauce del río.
Jorge Celi, director de la Cátedra Unesco para Manejo de Aguas Tropicales, por el contrario, explica que “esta estructura no se pudo formar sola”. Con base en su estudio que compara la situación del Dulcepamba en 2012 y 2018, asegura que la hidroeléctrica “ha influido en el cambio del cauce”.
De la misma manera, en un estudio de la Secretaría de Gestión de Riesgos publicado en marzo de 2023, la entidad “establece algún grado de responsabilidad [a Hidrotambo] en el aumento del riesgo que viven las comunidades”. También pide el retiro del muro de piedras. Sin embargo, hasta julio de 2023, la estructura seguía allí.
Luchas legales
El Estado ha iniciado varios procedimientos penales contra residentes de San Pablo de Amalí desde 2006, cuando comenzó la construcción de la central eléctrica. Durante ese año, el Estado inició acciones legales contra 42 personas que se negaron a cumplir las órdenes de desalojo. En 2013, se acusó a dos residentes de “terrorismo”, una amenaza lanzada regularmente contra los defensores del medioambiente durante la presidencia de Rafael Correa.
Ante estas situaciones, la comunidad reaccionó con recursos legales. En 2018, sus habitantes presentaron un recurso extraordinario de revisión del aprovechamiento del agua de Hidrotambo, ante la entonces Secretaría Nacional de Agua (Senagua). El gobierno aceptó la solicitud en 2019 e Hidrotambo perdió el derecho a utilizar el Dulcepamba durante los meses de verano.
El 30 de mayo de este año, el Maate retiró la autorización a Hidrotambo para utilizar las aguas del Dulcepamba. Esta decisión fue motivada por los casos de incumplimiento descubiertos en la revisión. Las infracciones de Hidrotambo incluían la captación de un caudal de agua superior al autorizado entre julio y diciembre, y la no presentación de los rediseños acordados para la planta, con el fin de resolver sus problemas de captación de agua.
Hidrotambo apeló la decisión menos de dos semanas después, alegando “violaciones de derechos” durante el proceso de revisión. El Ministerio debía pronunciarse sobre el recurso en un plazo de 90 días, pero aún no lo ha hecho. A falta de un veredicto, y con el país en plena agitación política y elecciones, la empresa sigue operando, a pesar de la orden ministerial.
Del mismo modo, hay procesos en la Corte Constitucional (CC). Como la Acción Extraordinaria de Protección contra Hidrotambo, presentada por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que fue admitida por la Corte el 5 de septiembre de 2019.
En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en proteger los derechos de la naturaleza en su Constitución. El abogado ambientalista Hugo Echeverría explica a Diálogo Chino que el caso Hidrotambo-Dulcepamba fue seleccionado por la CC, para “crear jurisprudencia” ―o sentar un precedente legal― para defender estos derechos.
Es uno de los cinco casos elegidos por el máximo tribunal para construir estos antecedentes. Este conjunto también incluye el caso de la central hidroeléctrica de Piatúa, y un conocido caso que lleva el nombre de un mono chorongo llamado Estrellita, que dictaminó que los animales salvajes son sujetos de derechos en Ecuador.
Cuando llegue una decisión definitiva, el caso Hidrotambo-Dulcepamba será el primero en el que la Corte Constitucional de Ecuador se pronuncie sobre los estándares y límites respecto de la explotación de recursos renovables y no renovables que son gestionados por el Estado, la actuación de las empresas concesionarias y su impacto en los derechos colectivos y de la naturaleza.
Además, en este proceso también se determinará si la posible inacción del Estado causó una violación de los derechos humanos, porque la ciudadanía ya había denunciado los problemas derivados del desbordamiento del río.
El futuro hidroeléctrico de Ecuador
Mientras tanto, en la provincia de Morona-Santiago, en el sureste de Ecuador, se proyecta una central hidroeléctrica dos veces mayor que Coca Codo Sinclair. Bautizada con el nombre del río Santiago que pretende explotar, tendría una capacidad máxima de 3.600 MW y sería la hidroeléctrica más potente del país.
Está previsto que el proyecto entre en funcionamiento en 2031, aunque aún no se ha anunciado un operador. No cuenta con licencia medioambiental.
“Es un río único”, dice Celi sobre el Santiago, una de las principales arterias que conectan la Amazonía peruana y ecuatoriana. “Estamos hablando de una hidroeléctrica de 200 metros de altura sobre un río caudaloso que arrastra muchos sedimentos. Todos ellos se detendrán detrás de la represa, y eso tendrá un fuerte impacto en la dinámica aguas abajo”.
De vuelta en la provincia de Bolívar, Polo Jiménez y las comunidades del río Dulcepamba siguen sorteando las consecuencias locales del impulso hidroeléctrico de Ecuador, y esperan soluciones. “Ya no quiero tener miedo de quedarme dormido”, dice. “Solo espero que haya más seguridad para que el río no crezca y nos deje en paz”.
Este reportaje es producto de una alianza entre Youtopía Ecuador y Diálogo Chino. La historia fue producida con el apoyo del Earth Journalism Network de Internews.
