En medio de esteros, cultivos y casas de madera y cemento, resalta un cerramiento de malla cubierto con plásticos verdes. El olor a químicos que sale del terreno y los camiones que entran en las noches dan pistas a los vecinos de lo que sucede en su interior. Aunque desde afuera solo se observa una pequeña puerta, en estas 39 hectáreas se han instalado nueve piscinas donde se depositan desechos petroleros y peligrosos, que amenazan las principales fuentes de agua.
Las huellas de esta industria se perciben en toda la provincia. Los oleoductos resaltan a un costado de las vías y los derrames también están a la vista de todos. Solo en el kilómetro 4 de la vía Lago Agrio (capital de Sucumbíos)-Shushufindi, se observa un terreno cubierto de lodos negros. Un camión se estrelló contra el oleoducto en diciembre del 2023, y a un mes del evento, parece que no ha pasado ni un día. Unos camiones se esfuerzan por limpiarlo, mientras el líquido se sigue expandiendo a los cultivos y a las fuentes de agua cercanas.
En el kilómetro 4 de la vía Lago Agrio-Shushufindi permanecen las huellas de un derrame de petróleo que ocurrió a finales de diciembre de 2023. Foto: William Quenama.
Justamente los lodos contaminados y otros desechos de la industria petrolera, como las chatarras con hidrocarburos, aceites, combustibles usados y residuos de ácidos van a parar al terreno de Centinela del Sur. Allí se encuentra GPower, uno de los 53 gestores que cuenta con la autorización en el país para tratar este tipo de desechos. Sin embargo, al estar en la mitad de una zona poblada, los habitantes de este sector ya sienten los impactos de la contaminación en sus aguas.
Gracias a su lucha de casi 10 años, en enero de este 2024 lograron que se retirara el permiso de uso de suelo a esta compañía. Esta es la primera victoria de las comunidades afectadas, que se oponen a que el “cementerio de lodos tóxicos” esté al lado de su casa. Pero los desechos aún se encuentran en el predio y sus esteros cada vez están más negros.
La empresa llegó a Shushufindi en 2014. Freddy Mejía, quien vive a 200 metros del predio de GPower, recuerda que en ese momento no entendían de qué se trataba. Junto con su esposa empezaron a investigar y se dieron cuenta de que, a menos de cinco minutos a pie de su casa, se iban a instalar las piscinas para recibir desechos tóxicos de todas partes del país.
La empresa GPower instaló una de sus plantas para tratar desechos peligrosos en las comunidades Pre cooperativa Centinela del Sur y La Victoria , en la provincia de Sucumbios. Foto: William Quenama.
Cuando la empresa llegó, ya contaba con la licencia ambiental. A pesar de que la normativa nacional establece una distancia mínima de 500 metros para el almacenamiento y tratamiento de desechos, la planta se instaló en una finca rodeada de terrenos agrícolas y casas, como la de Mejía. Incluso, hay un colegio que recibe a 450 estudiantes, a 600 metros del centro de tratamiento de desechos.
Además de la distancia, lo que preocupaba a los vecinos era el material que llegaría hasta esta zona. Pablo Fajardo, abogado de las comunidades afectadas y miembro de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), explica que el estudio de impacto ambiental que se aprobó es “bastante amplio”.
Con la licencia, el Ministerio del Ambiente autoriza la descarga, recepción, clasificación, tratamiento y disposición final de desechos peligrosos sólidos (desechos contaminados con hidrocarburos; lámparas fluorescentes y focos ahorradores; pilas y baterías usadas; desechos infecciosos y hospitalarios; cartuchos de impresión; chatarra contaminada con hidrocarburos; aceites y combustibles usados; filtros de aceite usados; solventes, tintas, y pinturas de desecho; residuos de ácidos, bases y sales provenientes de procesos de fabricación de lodos de perforación y tratamiento de crudo; suelos, tierra, arena y lodos contaminados con hidrocarburos y metales pesados; ripios, cortes y cementos de perforación; lodos de fondos de tanque) y líquidos (aguas residuales domésticas e industriales).
El Centro de Tratamiento Integral Shushufindi, según su Plan de Manejo Ambiental, se enfoca en aguas residuales y suelos contaminados. Se considera la instalación de un incinerador. Foto: William Quenama.
“¿Cómo se instala una industria de tratamiento de desechos petroleros peligrosos dentro de una zona agrícola donde los campesinos usan la fuente de agua para la agricultura, la piscicultura y la ganadería?”, cuestiona Fajardo. Esta era una de las principales preocupaciones de los habitantes de comunidades como Los Ángeles, La Victoria, Centinela del Sur, Pre cooperativa Luz y Vida, 18 de Noviembre, Pre cooperativa Atahualpa y Pre cooperativa 16 de Abril, que dependen de las actividades agrícolas.
La incertidumbre que sentían es evidente incluso en el estudio de impacto ambiental. Seis de los siete testimonios que se incluyen, muestran la preocupación y el desacuerdo con la instalación de la planta en la zona. Este medio consultó al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) sobre los motivos para entregar la autorización ambiental, pero no recibió respuesta.
Las principales actividades que se desarrollan en el sector La Victoria, alrededor de la planta de tratamiento, son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Foto: William Quenama.
Alexandra Almeida, bioquímica farmacéutica y coordinadora del área de Petróleo de la fundación Acción Ecológica, tampoco comprende los motivos para autorizar una planta de este tipo en medio de una zona poblada. Los desechos van a la atmósfera y a los ríos, dice. Esto último es lo más peligroso, ya que las comunidades dependen de esta agua para todas sus actividades. Por otro lado, estos proyectos causan división en las comunidades.
Sin embargo, Mejía cuenta que en esta ocasión los habitantes de Shushufindi se unieron, organizaron una paralización masiva y sacaron a la empresa del territorio. Cuando pensaron que no volverían, en 2023 aparecieron nuevamente, ya con los permisos del Municipio para empezar a operar.
Desde hace ocho meses, cuando las piscinas de tratamiento se empezaron a llenar, los vecinos denuncian que las dinámicas en su territorio cambiaron. Mesías Sacan introduce un palo en el estero que se encuentra a cinco minutos a pie desde la puerta de la planta de Gpower y a 10 minutos de su casa. La consistencia es más lodosa desde hace cinco meses, cuenta, y su color también ha cambiado.
Los vecinos denuncian la contaminación de sus riachuelos desde que empezó a operar la planta de tratamiento en la zona. Foto: Isabel Alarcón
Sacan, quien vive en este lugar desde hace más de 30 años, cuenta que por esta zona pasan dos ríos: un SN y La Victoria. Además, hay pequeños esteros que salen de la finca de tratamiento de desechos y se unen a estos ríos. “Somos 300 familias las que nos beneficiamos de esta agua que se contamina”, dice el hombre, que es uno de los rostros más visibles de la lucha.
En el río La Victoria se encuentra una excavación de donde se saca el agua potable para la comunidad. Por eso, temen que se contamine su única fuente. El ganado de las familias también depende de esta agua. Aunque no tiene pruebas para asociar lo ocurrido con la planta, explica que en estos meses ya se han muerto algunas de las vacas que usan el estero.
Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, explica que hay varias formas en las que los derrames y desechos petroleros puedan contaminar a un río. Hay ocasiones en las que el petróleo flota encima del agua y no permite que penetre la luz. Se afectan las especies animales o vegetales. En otras ocasiones, el petróleo se disuelve, ya que una parte de los hidrocarburos es soluble en agua. En estos casos, el problema no es visible, por lo que las personas no se enteran de que está contaminada.
Moisés Sacan explica las afectaciones a las fuentes de agua de la zona.
Otra parte del petróleo también puede ir hacia el sedimento o lecho del río. Esto es peligroso, porque se mantiene por mucho tiempo. Los animales, como los peces, ingieren estas sustancias y se bioacumulan en su organismo. Es decir, entran a la cadena trófica y van pasando de especie en especie, hasta llegar al ser humano.
“Estoy en la necesidad de levantar mi voz porque esta empresa ya nos está causando problemas y nos va a causar más a futuro”, dice Sacan. Por eso, aunque empezó a operar, la comunidad continuó en la lucha.
El 28 de noviembre del 2023, Sacan, junto a Fajardo, representantes de GPower y delegados del Municipio, ingresaron al predio para evidenciar el procedimiento. Fajardo cuenta que el mayor problema es que las piscinas no están cubiertas y, con la lluvia que es frecuente en la Amazonía, hay más posibilidades de que los líquidos se desborden y vayan hacia el ambiente.
Según el informe de esa visita, los representantes de la empresa argumentaron que cada piscina contaba con una trampa de grasa para evitar que la contaminación vaya a las fuentes de agua, aunque lloviera. Mediante este sistema, se forma una especie de película de contaminantes que después se recoge y se incinera.
Los vecinos de la comunidad Precooperativa Centinela del Sur, en Shushufindi, se han mantenido en la lucha para evitar que la planta de tratamiento siga operando a menos de 200 metros de sus hogares.Foto: Isabel Alarcón
Sin embargo, en el informe de la Dirección de Ambiente del Municipio de Shushufindi se establece que durante la inspección se corroboró “el pésimo manejo de los desechos dentro de las instalaciones de la empresa, acrecentando las inconsistencias determinadas en el EIA y el PMA presentado por dicha empresa”.
Entre las observaciones constan que los diques existentes no ayudan a contener los suelos contaminados dentro de los sistemas de tratamiento, por lo que son arrastrados por las lluvias y contaminan los cuerpos de agua cercanos. También se halló “plástico común de ferretería en lugar de geomenbrana HDPE”, que no tiene la resistencia para soportar la degradación por rayos UV y se mencionan otros aspectos que no garantizan la contención de los lixiviados.
Esta inspección fue uno de los elementos clave para que el Municipio revirtiera la autorización de uso de suelo y la patente municipal para la empresa. Con la medida, ya no pueden operar en este sitio. Este medio pidió su versión a la empresa GPower, pero no se obtuvo respuestas hasta la publicación de este reportaje
Los vecinos, representantes de la empresa GPower y los abogados de ambos ingresaron a la planta en noviembre del 2023 para evidenciar su funcionamiento.Foto: Isabel Alarcón
Durante la visita, los representantes de la empresa recalcaron que tienen la documentación legal para la operación: existen dos piscinas para tratamiento, zona de corte o ripios, tres para tratamiento de suelos y cuatro para tratamiento de aguas. Lida Fonseca, técnica gestora de la empresa Gpower, explicó que se realizan monitoreos cada siete días y recordó que trabajan con los parámetros del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) para evitar la contaminación del suelo y esteros.
El proceso no ha terminado. Fajardo explica que ahora buscan que el MAATE revoque la licencia ambiental y que la empresa presente un plan de retiro de material tóxico.
“Tendrían que hacer tratamiento profundo. Hay que hablar de remediación y restauración”, dice Almeida. Los desechos petroleros contaminan los sitios por un largo tiempo y necesitan ayuda para recuperarse. “No solo hay que quitar la mancha negra”, recalca.
Mientras tanto, Sacan y sus compañeros celebran la última victoria, pero están preparados para proteger su territorio en una provincia, y en una región, donde la extracción de petróleo continúa en expansión, al igual que la búsqueda de zonas para depositar sus desechos.