Por Isabel Alarcón
La edición 28 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28), que se desarrolla en Emiratos Árabes Unidos, está en su segunda y última semana, y aún hay temas pendientes. Aunque empezó con un hecho histórico al aprobar la operacionalización del fondo de pérdidas y daños el primer día, los países todavía no se ponen de acuerdo en puntos como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles o la meta global de adaptación.
“Me siento entusiasmado, determinado y estoy seguro que muchos sienten el ambiente de optimismo”, decía Sultan Al Jaber, en la rueda de prensa de inauguración de esta conferencia, el pasado 30 de noviembre. Fiel a su promesa de que esta será una COP histórica, el Presidente de la COP28 se esforzó por llenar la programación con anuncios durante los primeros días.
Pero a poco de terminar la primera semana, el diario británico The Guardian publicó las declaraciones de Sultan Al Jaber, previas a la COP28, en las que resaltaba que no hay pruebas científicas claras que demuestren la necesidad de eliminar los combustibles fósiles. Sus dichos reavivaron las inseguridades que existían en torno a la eficacia de esta COP.
Los 196 países y Al Jaber tienen hasta esta semana para demostrar sus verdaderos intentos por detener el incremento de la temperatura del planeta. Por el momento, el fondo de pérdidas y daños se mantiene como el logro más concreto, pero todavía enfrenta algunos desafíos para asegurar su verdadera aplicación. La inclusión de pueblos y nacionalidades indígenas en las decisiones en torno a estos recursos también es una deuda persistente.
¿Qué es el fondo de pérdidas y daños?
El fondo de pérdidas y daños se refiere a los recursos que podrían proveer los países desarrollados a los que están en vías de desarrollo para cubrir los costos asociados con los impactos económicos y no económicos que ha causado el cambio climático. Es decir, a aquellos efectos que no es posible prevenir ni adaptarse.
A finales de la COP27, realizada el 2022 en Egipto, se acordó la creación de este fondo. A inicios de la conferencia de este 2023, se realizaron los primeros ofrecimientos económicos de distintos países del mundo.
Así, en las primeras horas se alcanzaron USD 420 millones. Países como Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón y Alemania, al igual que la Unión Europea (UE), fueron los primeros que ofrecieron aportar a este fondo. A estos se sumaron el Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y España. Hasta el momento, el fondo llegaría a alrededor de USD 700 millones.
Para Andrés Mogro, gerente regional del programa Resiliencia y Transición Climática de Fundación Avina, lo primero que es importante resaltar es que estos son solo ofrecimientos, o ‘pledges’. En muchos casos, toma tiempo operacionalizar estas ofertas o transferir los recursos. Por eso, es importante presionar para que se concrete.
Mogro explica que, aún cuando los compromisos se conviertan en transferencias y llenen un fideicomiso, el fondo está pasando por una etapa de construcción. Durante el 2024 se llevarán a cabo las reuniones para definir procedimientos y metodologías para que los posibles beneficiarios del fondo accedan a los recursos. Una vez que se tomen estas decisiones, y que llegue el dinero, hay que asegurarse de que no se repliquen esquemas que hasta el momento no han funcionado.
Por ejemplo, Alexis Joel Grefa explica que los pueblos y nacionalidades indígenas exigen que dentro de la directiva de este fondo se incluya la participación de representantes indígenas. Este joven líder kichwa de la Amazonía ecuatoriana se encuentra en la COP28 para seguir de cerca las negociaciones e impulsar la inclusión de los pueblos y nacionalidades en los espacios de toma de decisiones.
Grefa espera que en la aplicación de este mecanismo de financiamiento no se repitan los modelos tradicionales que excluyen a los grupos más afectados por el cambio climático y por el uso de los combustibles fósiles.
¿Ecuador podría acceder a este fondo?
La intención de este fondo es apoyar a los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador, explica que, siguiendo este concepto, Ecuador podría acceder a estos recursos. Es un país en vías de desarrollo que sufre los impactos de este fenómeno.
Actualmente, Ecuador es responsable del 0.17% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. A pesar de que no está entre los países contaminantes, es uno de los que más sufre las consecuencias del cambio climático. Según estimaciones de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 915 000 personas han sido afectadas por desastres relacionados con el clima en Ecuador en los últimos 40 años.
Estos indicadores demuestran que la capacidad de adaptación al cambio climático del país es baja, mientras que su índice de vulnerabilidad es alto. Por otro lado, hay otras naciones, como los pequeños estados insulares, que son considerados como países más vulnerables al fenómeno climático. Granizo estima que, determinar cuáles son los criterios de vulnerabilidad para entregar estos fondos, va a tomar tiempo.
Además, resalta la importancia de que se aceleren las negociaciones en torno a una meta y un fondo de adaptación. Estos son temas que, a poco que termine la COP28, aún no se ha logrado consensos.
¿USD 700 millones son suficientes?
Una de las principales críticas es que, durante cuatro años, el fondo lo va a manejar el Banco Mundial, lo que despertó las quejas de los países en desarrollo, quienes querían que estos recursos tuvieran más independencia. Esta sería una medida temporal hasta concretar otros mecanismos financieros.
Por otro lado, a pesar de que USD 700 millones parece una cifra alta, no es suficiente para abordar las pérdidas y daños en los países vulnerables. Anne Harrison, asesora de política sobre Cambio Climático de Amnistía Internacional, explicó que en realidad se necesitan miles de millones de dólares para marcar una diferencia en las comunidades que requieren ayuda para reconstruirse.
Esta cifra es “ínfima”, dice, en comparación a los USD 7.000 millones que se destinan cada año en subvenciones, para apoyar al sector de los combustibles fósiles.
*Este artículo fue producido con el apoyo del programa de Periodismo y Justicia Climática de Climate Tracker para la COP28
