Redacción Youtopía
En enero de 2022, la Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambienta. Esta norma fue aprobada en 2011 durante la gestión del expresidente Rafael Correa.
La CC determinó que dicha ley no cumplía con el principio de unidad de materia; es decir, no abordó un mismo tema. Sin embargo, ésta seguirá en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.
Esto, debido a que la sentencia de la CC establece que, hasta finales de 2023, «el Presidente de la República, de considerarlo pertinente, podrá promover las reformas legislativas que suplan aquellos vacíos normativos que pudieran afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas«.
María Cristina Puente, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Forestal y Ambiental, Máster en Estudios Ambientales, analiza el tema, transcurrido un año de la resolución de la CC.
«El mandato al Ejecutivo es que analice cómo, al quitarse estas figuras tributarias, se vería o no afectado el Presupuesto del Estado. Y, en ese sentido, si es que existe una afectación, estaría en la obligación de tomar las medidas correctivas necesarias para cubrir ese déficit o esa brecha fiscal».
Impuestos sin un respaldo legal
Uno de esos impuestos, por ejemplo, es el impuesto redimible de botellas. «En estricto sentido, si es que no entra una propuesta de ley al Legislativo, este impuesto quedaría derogado. A partir de este impuesto, de una u otra forma se logra ir compensando todo ese trabajo que los recicladores de base nos subsidian a todos los ciudadanos, a los municipios y al Estado».
Pero no solo se trata de este impuesto, también hay dudas sobre el futuro de los tributos que incentivan la comercialización de los vehículos eléctricos e híbridos. "De llegar a diciembre del 2023 y si no hay ninguna propuesta de ley, esto quedaría sin vigencia", sostiene María Cristina Puente.
"De ser así, estaríamos retrocediendo en materia ambiental. Lo que más me preocupa es el futuro del reciclador de base. Al ser un ámbito tributario, cualquier propuesta legal debe nacer desde el Ejecutivo. El tiempo de aquí a diciembre queda corto".
María Cristina Puente es Abogada y Máster en Ciencias Sociales, con especialización en Estudios Socioambientales. Experta en derechos humanos, legislación, políticas y salvaguardas ambientales y sociales.
Ha trabajado durante los últimos 15 años en consultorías y proyectos de gobernanza, conservación y desarrollo sostenible, desde el sector social/ privado –organizaciones no gubernamentales-, vinculada con la formulación de políticas públicas, asesoría y acompañamiento a la gestión pública.
Es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de la Red Latinoamericana de Derecho Forestal y Ambiental RELADEFA- IUFRO.
La Impronta
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